Desde hace cuatro años está ocurriendo un extraño fenómeno en Cataluña: ha aumentado más de un 2.000% el número de mujeres detenidas o investigadas por delitos de agresión sexual con penetración. De hecho, en el año 2024, de las 428 mujeres investigadas por agresión sexual en España, 325 lo fueron en Cataluña, es decir, que más del 70% de las agresiones sexuales supuestamente cometidas por mujeres tuvieron lugar en Cataluña. Este cambio se está produciendo desde el año 2020, en el que las estadísticas de criminalidad recogidas por el Ministerio del Interior comenzaron a incorporar los datos aportados por Mossos d’Esquadra. Aquel año ya se registraron 20 mujeres detenidas por agresión sexual y, de éstas, 8 por agresión sexual con penetración.
¿A qué se ha debido este cambio de criterio en la recogida de las estadísticas de criminalidad, herramienta fundamental para el diseño de las políticas de prevención de la delincuencia y de lucha contra ésta?
¿Cómo es posible que este aumento exponencial de mujeres investigadas por agresión sexual no haya llamado la atención de los medios de comunicación en los últimos cuatro años?
La preocupación que planteamos no es baladí. Tenemos constancia de que Mossos d’Esquadra atribuyó falsamente a una mujer el asesinato de otro hombre en Reus el pasado julio:
Poco después se publicaba que esta mujer era, de hecho, un hombre y que, según la prensa, había sido ingresado en el módulo de mujeres de la prisión de Mas d’Enric.
El pasado día 14 de octubre, Feministes de Catalunya planteamos una solicitud de acceso de información pública al Departament d’Interior. Argumentamos que los datos eran absolutamente sorprendentes e inverosímiles, y reclamamos que aclarara qué criterio estaban utilizando para recoger estos datos, si el sexo biológico o el sexo registral.
Sin embargo, la respuesta del Departament d’Interior ha sido aún más sorprendente. Citamos textualmente:
“ […] Fruit d’aquest procés de verificació, s’ha constatat que hi havia un error informàtic en el procés de recompte dels rols de les diferents persones relacionades amb un mateix procediment policial, fet que provocava que erròniament es comptessin com a autores persones que no ho eren.[…]”
(Fruto de este proceso de verificación, se ha constatado que ha habido un error informático en el proceso de recuento de los roles de las diferentes personas relacionadas con un mismo procedimiento policial, hecho que provocaba que erróneamente se contaran como autoras a personas que no lo eran.)
Aquí tenéis la solicitud con la respuesta que nos dieron:
Es decir, que el Departamento de Interior lleva cuatro años contando como autoras a personas que, en realidad, eran víctimas, testigos o denunciantes de una agresión sexual.
Hablamos de delitos sexuales. Cuatro años de datos oficiales falsos, difundidos sin ningún mecanismo de control ni alerta interna.
Ninguna institución lo detectó. Ningún medio lo cuestionó.
Pero el problema no acaba aquí. El hecho de que a efectos estadísticos el Departamento de Interior utilice el sexo registral (el del DNI), no el biológico, y que afirme que no puede facilitar datos según el sexo biológico “por falta de compatibilidad técnica entre bases de datos” genera una distorsión que no permite conocer la incidencia real de estos delitos entre hombres que se declaran mujeres y constan como tales en el Registro. Y esto es así desde que la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI convirtió el Registro Civil en un registro de sentimientos, modificable a través de una mera solicitud.
Desde Feministes de Catalunya exigimos:
- Que se publiquen de forma inmediata los datos corregidos.
- Que se explique con detalle el alcance real de este supuesto error.
- Que las estadísticas de criminalidad incorporen el sexo biológico como variable imprescindible para la veracidad de los datos.
Queremos saber cuántos hombres con el sexo registral falsificado gracias a las leyes trans están siendo registrados como mujeres agresoras sexuales.
No aceptaremos que el silencio y la negligencia maquillen cuatro años de información falsa sobre violencia sexual.