El pasado 29 de enero, desde Feministes de Catalunya organizamos una formación interna en la que contamos con Charo Carracedo, de la Plataforma por la Abolición de la Prostitución (PAP) y Sílvia Escribá, del Front Abolicionista del País Valencià.
“Sí, estuve hace un par de meses. Los precios creo que eran 50 media hora, le di 10 euros en la habitación porque me dejo correrme en su cara. Te la puedes follar sin condón. Bastante sumisa, la destrocé porque tenía una vagina baja y estrecha y yo tengo una medida aceptable, se notaba que le dolía, pero no rechistaba.”
Ésta es la opinión de un tipo, uno de tantos, que campan por foros donde puntúan a las mujeres y niñas explotadas sexualmente, la gran mayoría de ellas migrantes. Bajo el discurso de la libre elección se acomodan todos estos puteros y proxenetas, los mayores beneficiados por la legislación regulatoria de la prostitución.
“No se trata de cuestionar las decisiones individuales de las mujeres, sino colocar a los puteros en el centro del discurso y dejar de afirmar que las prácticas prostituyentes son performativas. Son materiales: hay que chupar veinte pollas, hay que dejarse sodomizar, penetrar por veinte tíos, soportarlos sobre tu cuerpo”.
Estas palabras pertenecen a Charo Carracedo, de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que junto a Sílvia Escribá, del Front Abolicionista del País Valencià, han formado parte de la formación interna organizada por y para las componentes de Feministes de Catalunya.
Desde principios del siglo XIX, la legislación española siempre se había inscrito en la tradición abolicionista, y se habían ido incorporando las directrices de todos los convenios internacionales, entre ellas las de la Convención sobre la Prevención de la Trata de Personas y la Explotación de Otros de 1949. Sin embargo, la modificación del Código Penal de 1995 rompe con esta tradición, despenalizando la tercería locativa y a quien se enriquece a expensas de la prostitución de otra persona aún con su “consentimiento”. Esto coincide con un aumento importantísimo de la industria de la explotación sexual en España.
En este contexto se sitúa el inmenso trabajo realizado por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que lleva a sus espaldas 18 años de políticas abolicionistas. Surgieron en un primer momento para revertir la despenalización del proxenetismo y posteriormente han construido un corpus teórico abolicionista que aboga por un cambio del paradigma actual. Tal y como ocurrió con las leyes de violencia de género, se pretende trasladar el foco de las víctimas a los autores. No es la voluntad individual la que autoriza la prostitución, sino el sistema que permite la explotación de mujeres y niñas. Además, inciden en la no distinción entre trata y prostitución, pues ésta profundiza en la idea de que existe una prostitución buena y una mala, cuando en realidad es la trata la que capta víctimas para la prostitución.
El pasado 18 de noviembre de 2020, la PAP presentó al presidente Pedro Sánchez una Ley abolicionista del sistema prostitucional. Esta propuesta de ley aborda el sistema prostitucional atendiendo a los dos sistemas que lo perpetúan: el patriarcado, que subordina las mujeres y nos convierte en meros objetos, y el capitalismo que mercantiliza nuestros cuerpos. La Ley tiene un triple objetivo: establecer posibilidades efectivas de salir del sistema prostitucional, la reparación integral de las mujeres en situación de prostitución y el desmantelamiento de la industria del proxenetismo. Esta ley garantizaría los derechos a todas las mujeres, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa y el tiempo que lleven en España, incluyendo el acceso a las medidas que les permitan salir del sistema sin que esté condicionado a la previa denuncia. Además, contiene disposiciones orientadas a desmantelar los regímenes de explotación sexual, contemplando todos los tipos penales eliminados por el Código Penal de 1995 y castigando también a los puteros.
En esta misma dirección se encamina la Propuesta No de Ley (PNL) presentada por el Front Abolicionista del País Valencià este pasado 20 de octubre de 2020 en las Cortes Valencianas. El FrontPV surgió tras la huelga feminista de 2017 como una coalición de 46 organizaciones feministas que han situado como prioridad la lucha contra la explotación sexual de mujeres y niñas. La PNL presentada por el Front abarca 3 ejes fundamentales: garantizar los recursos necesarios para la protección, atención y reparación integral de las mujeres en situación de prostitución, desmantelamiento de la industria de explotación sexual y desactivación de la demanda de prostitución.
Ambas propuestas se han focalizado en la penalización del putero, de forma que su actuación no suponga simplemente una falta administrativa, sino que se contemple como un acto de violencia sobre las mujeres, sancionado como delito y que conlleve antecedentes penales. La penalización de la figura del putero es importante porque manda un mensaje a la sociedad: que la ley no ampara ni legitima el acceso al cuerpo de una mujer por otra vía que no sea su deseo recíproco.
Pese a las fuertes reticencias del lobby proxeneta, que se ha inoculado en miles de organizaciones, la legislación abolicionista se va extendiendo por el territorio europeo, y el modelo sueco es el gran apoyo para demostrar que la abolición de la prostitución no es una quimera, sino que debe formar parte de los objetivos de cualquier Estado democrático en el que se pretendan proteger los derechos de todas las mujeres.
Desde Feministes de Catalunya nos adscribimos a los objetivos de las propuestas legislativas presentadas y trasladamos nuestro apoyo a la PAP y al FrontPV.
Escrito por Elisa Martínez.