Desgraciadamente, en el mundo siguen existiendo muchos países cuyas instituciones políticas no son independientes de la religión y donde son determinados preceptos religiosos los que establecen qué derechos puede tener la población. Seguro que les viene a la mente un buen número de países asiáticos y africanos. Sin embargo, no hace falta irse tan lejos. El pequeño Principado de Andorra mantiene desde el siglo XIII una jefatura del estado dividida entre el obispo de la Seu d’Urgell y el presidente de la República de Francia. Respectivamente, en la actualidad esos cargos llamados “copríncipes” son ostentados por el obispo Joan-Enric Vives y el presidente francés Emmanuel Macron.
En el número de marzo de este año de la revista valenciana El Temps, el presidente andorrano, el centroderechista Xavier Espot, defendió el curioso y anacrónico modelo de su país alegando que se trata de una particularidad institucional que define al país y a su identidad, y que asegura su independencia y pervivencia en un mundo globalizado. Así pues, como señala, siendo un obispo uno de los jefes de estado de Andorra, el país no puede permitirse ir en contra un dogma de fe de la Iglesia Católica, por lo que no puede legalizar el aborto. Como mucho, se podría despenalizar, ya que sigue estando tipificado en el Código Penal aunque, según explica, nunca se ha iniciado ninguna causa penal contra una mujer o profesional de la salud por dicha cuestión.
Sin embargo, en el año 2019, la psicóloga y presidenta de la asociación feminista andorrana Stop Violències Vanessa Mendoza Cortés fue denunciada por el Estado andorrano a causa de unas declaraciones realizadas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU sobre la situación de las mujeres en su país. Si en un inicio el Ministerio Fiscal de Andorra pidió cuatro años de cárcel para ella, la presión internacional ejercida por organizaciones como Amnistía Internacional consiguió rebajar la pena a 6.000 euros de multa, 6.000 euros más en concepto de indemnización para el gobierno del Principado y seis meses de inhabilitación para un cargo público. Todo esto en virtud del artículo 325 del Código Penal sobre el delito de desprestigio de las instituciones, inaceptable para los estándares internacionales y una tipología de delitos políticos contra la que el Consejo de Europa se ha manifestado varias veces.
Lo más irónico es que, al mismo tiempo que lleva a cabo esta persecución política contra Mendoza Cortés, el gobierno ha empezado a dar pasos en la dirección señalada por ella misma ante la CEDAW, dando así la razón a las compañeras andorranas y su presidenta. Tanto es así que al Estado andorrano le salió el tiro por la culata de forma estrepitosa cuando el pasado agosto la asociación feminista Stop Violències obtenía la acreditación para la Comisión Económica y Social (ECOSOC) de la ONU, convirtiéndose así en la entidad de referencia en el marco internacional en cuanto a la situación de las mujeres y niñas en el país de los Pirineos.
Lejos de amedrentarse, pues, las compañeras feministas andorranas y su presidenta han seguido trabajando incansablemente y han conseguido importantes éxitos en la defensa de los derechos de las mujeres en su país. Y no se detienen aquí, porque que el próximo sábado 30 de septiembre han convocado una manifestación en Andorra la Vella para exigir su derecho al aborto, a la que estamos invitadas todas las feministas que queramos ir a apoyarlas y con la posibilidad de acudir a la cita en el autobús gratuito que saldrá de Barcelona.
Andorra es un diminuto país a menudo olvidado que sólo recordamos de vez en cuando por sus paisajes, los deportes de invierno y las evasiones fiscales de políticos y youtubers españoles. Poca gente conoce el carácter retrógrado de sus leyes, especialmente contrarias a los derechos de las mujeres, y no sólo en materia sexual y reproductiva. Además, como han señalado las compañeras andorranas, una parte importante de esa pequeña sociedad es hostil al feminismo y a las feministas. Ellas mismas lo han vivido en sus carnes y en sus vidas. Desde el otro lado de la frontera, debemos acompañarlas y apoyarlas en su lucha por el aborto, una lucha que siempre será de todas nosotras como feministas hasta que todas las mujeres del mundo puedan tener garantizado este derecho.
Escrito por Marina Pibernat.