El párrafo siguiente es un extracto de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley de “Sólo Sí es Sí”, elaborado por el Ministerio de Igualdad y aprobado el pasado julio por el Consejo de Ministros.
“En su expresión física y también simbólica, las violencias sexuales constituyen quizá una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en la sociedad española, que afectan de manera específica y desproporcionada a las mujeres y a las niñas, pero también a los niños”.
Junto con algunas políticas de prevención y de asistencia a las víctimas de violencia sexual, esta ley redefine el concepto jurídico de consentimiento, que pasa de ser negativo (si la víctima no se negaba explícitamente, la relación sexual se consideraba consentida) a ser positivo (si una mujer no da su consentimiento explícito, la relación se considera no consentida).
Otra de las medidas estrella de este anteproyecto ha sido eliminar la diferencia punitiva entre los delitos de agresión (los que se cometen con violencia o intimidación) y los de abuso sexual (cometidos sin violencia ni intimidación). Se entiende que el delito de naturaleza sexual ya es violento de por sí, y por tanto ha de ser calificado de agresión siempre.
Además, tras una fase consultiva con otros ministerios, en la versión definitiva del Anteproyecto se ha introducido también otra modificación en el Código Penal que podría haber resultado, en parte, esperanzadora. Echemos la vista atrás para entenderlo.
Hace 26 años, cuando se aprobó el Código Penal actual, el PSOE dejó fuera del nuevo texto legal la posibilidad de perseguir a proxenetas y a quienes se lucran alquilando habitaciones y pisos para el “ejercicio de la prostitución”, la llamada tercería locativa. Este cambio legal supuso que España pasara de tener una tradición legislativa abolicionista durante la mayor parte del s. XIX y XX, a convertirse en el burdel de Europa, en el primer consumidor de prostitución del continente y el tercero del mundo. Según distintos estudios, el 39% de los hombres españoles ha pagado alguna vez por sexo, o más bien, por violar pagando.
El borrador de la Ley de “Sólo sí es sí” fue recibido con escepticismo por el movimiento feminista. La falta de sensibilidad y el nulo contacto que ha tenido el Ministerio de Igualdad con las organizaciones feministas han ido minando las expectativas y la confianza generadas inicialmente. Sin embargo, con la intención de introducir la tercería locativa como delito, junto con el reciente anuncio en el 40º Congreso Federal del PSOE de aprobar una ley abolicionista de la prostitución, parecía que por fin se abordaba desde la raíz la situación de explotación sexual que sufren las más de 300.000 mujeres y niñas en este país.
Pero el Ministerio de Igualdad ha enfriado estas intenciones. Recientemente, fuentes cercanas al mismo han manifestado que con estos pequeños cambios legislativos en la Ley de “Sólo sí es sí», ya no sería necesaria una ley orgánica abolicionista que afronte la situación de las víctimas de explotación sexual.
Afirman que, con la introducción de la tercería locativa, junto a “la posibilidad de residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencias sexuales” es más que suficiente. Y esto a pesar de la cruda realidad que nos sacude cada día. Noticias cada vez más frecuentes que ponen al descubierto una situación de auténtica pesadilla: liberación de mujeres secuestradas y sometidas a violaciones sistemáticas por tipos que pagan unos pocos euros por penetrarlas, golpearlas y vejarlas de formas inimaginables.
Porque declarar que algo es un delito no equivale a poner las medidas necesarias para erradicarlo. En la persecución de este tipo de delitos de proxenetismo es fundamental el testimonio de víctimas y testigos, pues se cometen en un ámbito muy privado. Muchas de estas mujeres viven amenazadas por sus prostituidores; ellas mismas, sus hijos e hijas o sus parientes, tanto en España como en cualquier rincón del mundo. Pero la protección actual de testigos se basa en una ley de 1994 que únicamente otorga anonimato (ni ayudas, ni cualquier otro tipo de acompañamiento) durante la investigación y no durante el juicio oral. ¿Quién les va a facilitar la tranquilidad y la protección que les permita denunciar a estas organizaciones criminales? ¿Quién, en su sano juicio, se enfrentaría al crimen organizado si no tiene las herramientas que le permitan declarar sin el miedo a que a la salida del juzgado le peguen un tiro o maten a su familia en su país de origen? El premiado corto de Mabel Lozano Biografía del cadáver de una mujer (2021) lo muestra con escalofriante precisión a través del caso real de Yamiled Giraldo.
Por otro lado, las huellas y secuelas de la explotación sexual permanecen en la salud mental y física de estas mujeres y niñas, el estrés post-traumático que sufren las mujeres prostituidas es muy parecido al de los soldados tras una guerra, como ha demostrado Ingeborg Kraus. La gran mayoría de las mujeres prostituidas son extranjeras en situaciones irregulares que aumentan su sometimiento y desamparo. Y por mucho reconocimiento de acceso a las ayudas y medidas que se prevean en la ley, es más que sabido que de media las víctimas de delitos sexuales sólo reciben 1 de cada 4€ que les corresponde como “compensación”, y que los procesos administrativos de concesión de permisos de residencia son lentos y en muchas ocasiones estas mujeres no reciben el asesoramiento y el acompañamiento necesarios.
Desde el Ministerio de Igualdad se afirma también que ya existe una norma, la llamada Ley mordaza, que permite sancionar a los puteros y que “no ha funcionado”.
Se olvidan de precisar que esta ley sólo sanciona la compra de mujeres en la calle, no castiga a esos tipos que terminan la noche en el puticlub o en el piso de turno: la Ley de Seguridad Ciudadana establece desde 2015 multas para quienes paguen por servicios sexuales en zonas de tránsito público, en las que pueda haber menores, como parques y colegios, o cuando ello ponga en riesgo la seguridad vial. Pero esto no es perseguir la demanda, es mantenerla debajo de la alfombra. En realidad, lo que dice tal ley equivale a legitimar la explotación sexual de las mujeres mientras no suceda a la vista de todos. Es sabido que en los países donde se han puesto en funcionamiento políticas abolicionistas, la medida más eficaz ha sido la persecución y castigo de los puteros.
La multiplicidad de normas existentes (ley de sólo sí es sí, ley mordaza, Código Penal, Ley de Libertades y Derechos de los Extranjeros en España, entre otras), y la multitud de administraciones y agentes que deben intervenir (justicia, policía, servicios de extranjería, servicios sociales) sin una coordinación clara va a provocar situaciones de indefensión flagrantes.
De este análisis se desprende una conclusión clara: No, la ley del “Sólo sí es sí” no es abolicionista. De nada vale un texto legal de apariencia revolucionaria y progresista si no parte de un abordaje básico e integral de la situación, y no se acompaña de medidas que hagan posible aquello que declara en abstracto. Está claro que el Ministerio no actúa contra la explotación sexual ni parece tener intención de hacerlo. No se puede luchar contra uno de los negocios criminales más lucrativos del mundo por la puerta de atrás de una Ley con otras finalidades.
Exigimos que este gobierno apruebe ya la Propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), presentada por la PAP – Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, y que ésta se acompañe de los instrumentos materiales, económicos y de protección social que permitan terminar con la situación de esclavitud sexual en la que viven cientos de miles de mujeres y niñas en este país.
Porque la prostitución es incompatible con la dignidad y la democracia.
Escrito por Elisa Martínez.