Foto de portada: Agustín Millán.
El pasado viernes 27 de mayo, a las 11 de la noche, un nutrido grupo de mujeres feministas catalanas subimos a un autocar en Barcelona con destino a una cita ineludible: la manifestación por la abolición de la prostitución prevista para el día siguiente en Madrid. El viaje nocturno fue largo, pero el compromiso de luchar por la abolición del sistema prostitucional en un país que encabeza el lamentable ranking europeo en “consumo” de prostitución nos proporcionó la energía necesaria.
Y es que, a pesar de ser un país avanzado en legislación social, especialmente en materia de igualdad entre mujeres y hombres, España sigue siendo el gran prostíbulo de Europa. El 32% de los hombres españoles admite haber pagado por sexo y se calcula que hay unas 300.000 mujeres explotadas sexualmente. Nuestro país es el principal consumidor europeo de prostitución y turismo de explotación sexual y el tercer destino mundial de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.
Esto se debe a una legislación laxa, particularmente a partir de la despenalización de los prostíbulos en la reforma del Código Penal de 1995, que ha permitido que el proxenetismo prospere y la prostitución se normalice como parte del ocio masculino. La prostitución es un fenómeno complejo e integral que abarca múltiples ámbitos, desde la violencia machista hasta las leyes de inmigración. Comprende actividades inequívocamente ilegales, como la trata de personas, y situaciones toleradas que ahora se encuentran en un limbo jurídico. La prostitución está en el corazón de la intersección entre el capitalismo y el patriarcado. Por eso hablamos de todo un sistema prostitucional, y por eso una Ley de Trata, como la que pretende aprobar el Gobierno, que persiga solo las formas más graves de proxenetismo, es un mero parche que no va a la raíz del problema.
En diciembre de 2020 el movimiento feminista presentó al Gobierno de España su propuesta de ley para abolir la prostitución: la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP). Esta propuesta de ley, nacida del trabajo conjunto de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP), reclama la protección y atención integral a las mujeres que son o han sido prostituidas, la penalización de quienes explotan la prostitución ajena y la desactivación de la demanda sancionando a los puteros, así como la concienciación social de que la prostitución es una de las formas más execrables de violencia contra las mujeres. Este tipo de legislación abolicionista, conocida como «el modelo nórdico», ya está en vigor en 5 países europeos: Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda y Francia, así como en otros países del mundo. Su aplicación ha sido un éxito. No solo ha reducido el mercado prostitucional a mínimos, sino que también ha conseguido cambiar la percepción social sobre la prostitución en esos países. Y es que la ley no solo persigue y/o protege, sino que también educa.
Los objetivos principales de la LOASP son:
- Garantizar derechos, recursos y protección integral a las mujeres prostituidas reconociéndolas como víctimas de violencia machista.
- Desmantelar el proxenetismo y la industria de la explotación sexual.
- Desactivar la demanda de prostitución con medidas administrativas y penales.
Para ello, es necesario que esta ley sea orgánica, porque al tratarse de un fenómeno integral que abarca múltiples ámbitos es imprescindible la modificación de diferentes textos normativos: la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para perseguir todas las formas de proxenetismo, incluyendo la tercería locativa; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para ampliar el reconocimiento de víctima a las mujeres en situación de prostitución; la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad, para prohibir la publicidad relativa a las industrias de la explotación sexual; la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, para adaptarla a una perspectiva abolicionista en el caso de la explotación sexual callejera suprimiendo la actual regulación que permite la penalización a las mujeres prostituidas, y la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, para dar cobertura a las mujeres que lo necesiten, sea cual sea su situación administrativa.
Desde que la PAP se reunió con el Ministerio de Igualdad, aquel diciembre de 2020, para entregarle una ley abolicionista ya elaborada, las repetidas llamadas del movimiento feminista para legislar sobre esta materia han sido ignoradas. A pesar de las promesas electorales, el gobierno ha demostrado que la lucha contra la explotación sexual de las mujeres no solo no es una prioridad, sino que además la prostitución es carne de mercadeo parlamentario entre grupos políticos. Un ejemplo reciente de ello es el bochornoso debate parlamentario sobre la Ley de Libertad Sexual (Ley del solo sí es sí), en la que inicialmente estaba incluida la persecución penal de la tercería locativa como forma de proxenetismo, pero acabó siendo desestimada para salvaguardar una mayoría parlamentaria determinada.
Por ese motivo, el movimiento feminista salió el 28 de mayo a las calles de Madrid. El sábado al mediodía, la plaza Cibeles, punto de encuentro de las más de 180 asociaciones que participábamos en la marcha, se empezó a llenar de pancartas abolicionistas y de miles de mujeres feministas venidas de diferentes rincones del Estado, unidas por un objetivo común. La marcha se organizó por bloques, en los que participaron tanto organizaciones de ámbito estatal y partidos políticos feministas como asociaciones territoriales venidas de todas partes, entre las cuales Feministes de Catalunya.
Las altas temperaturas nos acompañaron durante todo el recorrido de tres horas desde la plaza Cibeles hasta la plaza de España, pasando por la calle de Alcalá y la Gran Vía. Esta última, a su paso por Callao, estaba llena de locales y turistas que paseaban por el centro de Madrid y que nos miraban con curiosidad. Algunas mujeres nos preguntaron cuál era el motivo de la manifestación y, después de escuchar con interés nuestras explicaciones, se unieron a nosotras, contagiadas de la fuerza de nuestras voces e impulsadas por un sentimiento de sororidad.
Aunque faltaban y faltan todavía muchas voces en esta reivindicación histórica de la agenda feminista, la manifestación del pasado 28 de mayo en favor de la LOASP ha conseguido visibilizar una lucha fundamental por los DDHH de mujeres y niñas y darle el sitio que merece en la actual agenda política. Sabemos que no habrá una sociedad con relaciones de igualdad entre mujeres y hombres mientras la más antigua institución patriarcal, que legitima el acceso de los hombres al cuerpo de las mujeres a cambio de dinero, siga en pie. Más que nunca, seguimos unidas hasta alcanzar el objetivo: la abolición de un entramado delictivo que, a menudo con el visto bueno o la inacción institucional, destroza la vida de cientos de miles de mujeres y niñas en todo el Estado. La abolición de la prostitución es una cuestión prioritaria de la agenda feminista: el futuro de las mujeres depende de ello.
POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, ¡LEY ABOLICIONISTA YA!
Podéis consultar la propuesta completa de la LOASP en el siguiente enlace: https://leyabolicionista.es/